Dos sucesos ocurridos en televisión en las últimas semanas han escandalizado tanto a los espectadores como para que el Ministerio de Industria optara por abrir una investigación, no sé si expediente, para estudiar la posibilidad de sancionar a las cadenas desde las que ocurrieron los lamentables hechos.

Los dos casos a los que me refiero son bien distintos, pero igualmente reprochables: de un lado la puesta en ridículo de un indigente por parte de Manolo Lama, cuando provocó que los viandantes le dejaran propina y acabaran por mofarse de él, en un claro caso de gracieta que se le fue de las manos y, pese a sus años de experiencia, no supo solventar adecuadamente.

Por otra parte, la salida de tono de un colaborador de Intereconomía que insultó gravemente a una consejera del gobierno catalán, en otro ejemplo de salida de tono que ni él propio colaborador ni las personas que se encontraban junto a él supieron controlar.

Finalmente, Industria ha decido no sancionar ninguno de los dos casos, por considerar que han sido hechos aislados yo me alegro de que el ministerio haya decidido no tomar cartas en el asunto. Creo que no es la primera vez que ocurren cosas así, o incluso peores, en television y no entendería que ahora el gobierno decidiera intervenir, es más, creo que sentaría un precedente que les obligaría a seguir interviniendo en otras cuestiones de índole similar que ocurren en las cadenas con demasiada frecuencia y que, hasta ahora, y si no recuerdo mal, nunca han sido castigadas.

No es menos cierto que, si las cosas que pasan nunca se castigan, existe la posibilidad de que vayan a más y se conviertan en una fea costumbre. Pese a todo, creo que deben ser las propias cadenas las que tengan el sentido común necesario para parar estas actitudes y castigar a quienes las cometen, sin necesidad de recurrir a nada más.

Por el momento, no parece que vaya a ser así, pues ni Cuatro ni Intereconomía han hecho nada más que disculparse, aunque las numerosas críticas recibidas por parte de los medios y los propios espectadores no habrán pasado desapercibidas y más de uno habrá recibido un toque de atención de sus jefes, y no me refiero solo a los protagonistas de las faltas en cuestión.

Estoy de acuerdo en que una licencia de televisión es algo público que se cede a empresas privadas para su explotación pero sin perder el carácter de servicio público que lleva asociado, sin embargo, creo también que las cuestiones disciplinarias de cada una de las empresas que explotan estas licencias deben dirimirse internamente, como mucho por parte de el famoso código de autorregulación que nunca regula nada y, en último caso, por las leyes vigentes que amparan a cualquier ciudadano cuando cree que, desde la televisión o cualquier otro ámbito de la sociedad, ven atacado su honor, su dignidad o cualquier otro derecho.