Uno de los programas más polémicos de la pasada temporada ha sido 21 días, una serie de reportajes mensuales emitidos por Cuatro en los que su protagonista, la periodista Samatha Villar, se mete tres semanas en el papel de aquellos protagonistas a los que investiga en el más puro estilo Stanislavsky. Muchos pensamos que esta forma de hacer periodismo es novedosa, entretenida y fácil de ver, al mismo tiempo que permite tener una visión diferente sobre problemas muy antiguos. Otros sin embargo, consideran que este tipo de programas son amarillistas, buscan crear polémica, son sesgados y delegan todo el protagonismo en la periodista en lugar de hacerlo en el problema que investiga.

En medio de todas estas opiniones, surje ahora una nueva polémica, pues Samantha Villar ha sido imputada en una denuncia por robo al haber formado parte de un episodio en el que conducía a una familia a recoger chatarra, familia que posteriormente ha sido denunciada por este motivo. Recuerdo haber visto esas imágenes y recuerdo el nerviosismo de la reportera mientras esperaba en la furgoneta a que sus acompañantes regresaran, consciente entiendo, de que lo que allí se estaba haciendo no debía ser muy legal. Su nerviosismo y el hecho de que Samantha Villar no se bajara del vehículo dan a entender que era plenamente consciente de lo que allí estaba pasando y, a efectos legales, puede ser una prueba en su contra. En el blog del programa aclaran su participación en el asunto.

Ahora bien ¿deben los periodistas erigirse en guardianes de la ley cuando están haciendo su trabajo de investigación de igual modo que se exige a cualquier otro ciudadano normal? ¿o están amparados por una especia de exención legal que les permite grabar un delito para poder denunciarlo posteriormente? Si bien en este caso no se grababa el robo para denunciar a quién robaba, no es menos cierto que la excusa parece ser la de denunciar una forma de vida o una marginación social, que llevan implícito este tipo de delitos.

En el mundo del periodismo de investigación se han dado numerosos casos en los que un reportero ha sido testigo de un delito sin hacer nada e incluso ha forzado la comisión de dicho delito sólo para poder contar la noticia. Recordemos aquel reportaje sobre Miss España en que se compraba un título regional con la intención de llegar al certámen nacional e intentar hacer lo mismo. ¿Se podría condenar a los reporteros o a la productora por soborno en este caso? Es evidente que cometieron un delito y provocaron conscientemente que otras personas lo cometieran pero ¿es legítimo que se haga algo así para probar, en este caso, que los certámenes de belleza son fácilmente manipulables?

Es una complicada decisión judicial, que difícilmente puede tener una respuesta común para todos los casos. Personalmente, creo que hay situaciones que sólo pueden ser denunciadas ante la opinión pública con hechos probados y probados ante una cámara, que es la única manera de que no existan dudas sobre lo que se hace y se dice (aunque luego el montaje permita también la manipulación, claro está). Evidentemente, esto tiene unos límites razonables que todos podemos fácilmente identificar, desde el más elemental rechazo a la violencia hasta la utilización de menores, por poner dos ejemplos de un infinito abanico de posibillidades. Sin embargo, no soy jurista y probablemente la ley tenga unas razones distintas a la mera lógica de un espectador de televisión o un consumidor de periodismo de investigación en cualquiera de sus versiones.