Si algún superpoder tiene este gobierno que nos gobierna es la capacidad de hacer que los ciudadanos defiendan a capa y espada todo aquello que durante años han criticado de forma generalizada, cuya desaparición se han planteado y cuyo mal funcionamiento han lamentado en carne propia, vease funcionariado, médicos de la sanidad pública e incluso profesores y escuelas. La última, la televisión pública.
Ignorada por aquellos a los que debería servir, que en muy pocas ocasiones dotan a las televisiones públicas de la audiencia que las justificaría. Criticada por otros miembros del sector que la consideran competencia desleal, al competir con los mismos contenidos pero con financiación pública. Criticada también por quienes analizan sus informativos y descubren en ella un altavoz gubernamental o una alfombra bajo la que esconder sus miserias, una herramienta para mantener asesores y directivos del partido correspondiente y afines o contratar a amiguetes con productora. Motivo de escándalo entre los contribuyentes cuando se conocen las cifras que la mantienen, que bien podrían invertirse en otras partidas más urgentes. Y así, una larga retahíla de defectos y errores de concepción que durante años han puesto en duda la necesidad o viabilidad de mantener una televisión pública, cualquiera, desde la más justificable desde el punto de vista de la lengua y la historia particular de una zona geográfica, hasta la misma TVE. La necesidad de mantener las televisiones públicas ha sido, desde el arranque de la parte más complicada de la crisis económica y los necesarios recortes en presupuestos autonómicos, una de las partidas más cuestionadas.
Pero claro, las cosas hay que hacerlas bien y cerrar de la noche a la mañana una empresa del tamaño de Canal 9 (TV y Radio, no lo olvidemos) como consecuencia de una decisión judicial que sacaba los colores a sus gestores por la manera en la que habían despedido a la mitad de sus trabajadores, no parece la mejor manera de proceder, sobre todo cuando se trata de una decisión tomada por un gestor público. Si las cuentas no le salen, si la culpa es de una mala gestión de años o si realmente es sostenible mantener abierta la cadena, es un debate que no se cierra dando un portazo y que, solventado de esta manera, parece más una rabieta de niño malcriado que una solución inevitable que, gestionada de otro modo, incluso podría haber tenido sentido y ser aplaudida por muchos de sus conciudadanos.
Sí, el gobierno de Valencia lo ha hecho fatal (antes, durante y después). Sí, el gobierno de Valencia no ha sido respetuoso con los trabajadores de RTVV (antes, durante y después). Sí, el gobierno de Valencia ha utilizado el canal autonómico como un chiringuito desde el que hacer y deshacer a su antojo, con intereses propios y poco que ver con lo que debe ser realmente un servicio público (antes, durante y después). Pero todo esto no se soluciona clamando al cielo por el cierre y encumbrando al canal como ejemplo de servicio público, casi pidiendo el regreso de Tómbola y Cristina Tárrega (programas tan respetables como alejados del concepto servicio público), o lamentando el cierre por cualquier otro motivo que no sea la puesta en la calle de sus trabajadores (que nada de culpa tienen en la mala concepción de los canales públicos en España o las pataletas de sus directivos y que, durante meses, han trabajado con profesionalidad y orgullo, sacando adelante sus programas con la dificultad que suponía ver como semana a semana sus equipos se iban mermando hasta hacerlos casi imposibles).
La lucha que se presenta ahora ante los trabajadores de Canal 9, y mucho me temo que en breve los de Telemadrid, que van por el mismo camino y por los mismos motivos, es la de conseguir que el canal no se cierre, la de luchar por mantener sus puestos de trabajo, su medio de vida. Sin embargo, este cierre, este drama para muchas familias valencianas que de la noche a la mañana se han quedado sin trabajo, no puede lucharse únicamente con la intención de que todo vuelva a su sitio. Estas catástrofes ofrecen la oportunidad de empezar de nuevo y las televisiones públicas autonómicas necesitan imperiosamente un cambio, uno muy gordo, uno que realmente solo puede afrontarse cerrando y empezando de cero porque, si no se hace así, estos problemas que hoy han llevado al cierre de Canal 9, volverán a reproducirse y no habremos avanzado nada. Lamentablemente, los políticos son los primeros que deberían dar un paso atrás y no implicarse en ninguna de las decisiones y procesos y eso, hoy por hoy, es un imposible ¿hay solución?.
Lo siento, pero no. Canal 9 ha sido un órgano de propaganda del PP y una máquina de perder dinero prácticamente desde el primer día, y aquí han metido la cuchara en el tarro de la miel todos: desde el bedel hasta el director general. ¿Que creían que el maná público iba a durar siempre? ¿Que es una lástima por las mil familias que se quedan sin trabajo? Pues vale. Pero ahora no nos sobra el dinero para estas historias. Y ojalá las siguientes sean TV3 y Telemadrid, a ver si con lo que nos ahorramos salimos de la crisis…