Pablo Herreros vuelve a remover las conciencias de los ciudadanos con su campaña No más crimen pagado en TV, una iniciativa que a través de Change.org (antes Actuable) pide a las cadenas de televisión que se comprometan a no pagar a criminales por contar sus fechorías en los distintos programas de actualidad presentes en sus parrillas. Muchos no lo entenderán así, pero esta campaña no va contra un determinado canal de televisión, aunque la relevancia de su impulsor haya venido dada por una propuesta concreta contra un canal, sino que es una campaña a favor de una manera diferente de hacer las cosas. Ni siquiera va contra un determinado tipo de entrevistas, que pueden repugnar a algunos e incluso ser moralmente despreciadas por otros, no, solo va contra la manera en la que esas entrevistas se consiguen: pagando al criminal.

Personalmente, soy defensora a ultranza de que las televisiones hagan lo que les de la gana siempre y cuando no sea ilegal y, si bien es cierto que pagar a un criminal por contar su historia en televisión no es un delito, me parece un acto terrible de insolidaridad con las víctimas por parte de la cadena que lo entrevista y de cara dura por parte del propio criminal. Realmente, me parecería igual de despreciable que lo hiciera sin cobrar, como me parece que lo hagan otros tantos delincuentes que campan a sus anchas por las televisiones pero, si al menos podemos evitar que saquen un beneficio de ello en aras de preservar la libertad de expresión, bienvenido sea. No es algo ilegal, no creo que debamos criminalizar a las televisiones por ello, pero sí estoy más cómoda en una sociedad en la que esto no ocurre, aunque sea legal.

La iniciativa de Pablo hace referencia al mundo del periodismo, pero se centra únicamente en la televisión, como bien explica él mismo, para acotar el terreno de lo que quiere cambiar y sumar así mayor número de adeptos, evitando que muchos dejen de sumarse por no estar de acuerdo con todas las premisas planteadas. En este sentido, el apartado preguntas frecuentes de su iniciativa hace referencia precisamente a una de las generalidades que yo más echo en falta, que he comentado directamente con él en varias ocasiones y que aquí debo hacer constar de nuevo: creo que la petición pone el foco sobre un medio, cuando el problema es de la profesión y de la sociedad en general. Creo que se señala injustamente a la televisión como un ejemplo de mal gusto, de malas prácticas, de poca ética, cuando estoy convencida de que desde otros medios se hace lo mismo o incluso peor, amparándose en una cierta superioridad moral de la prensa escrita, por ejemplo, frente a la televisiva.

Me parece bien que se pida a las televisiones que se sumen a un compromiso común a favor de un comportamiento más humano, más cercano y solidario con las víctimas, pero ha de ser un compromiso voluntario. Efectivamente, la autorregulación ha fracasado en muchas ocasiones, podemos verlo casi todos los días, pero eso no debe servir, desde mi punto de vista, para legislar y restringir una determinada práctica solo en los medios televisivos. Si las televisiones no saben hacerlo, habrá que mostrar nuestro rechazo apagando el televisor, invocando a la responsabilidad de los anunciantes o como buenamente podamos, en este sentido, totalmente a favor, pero nunca en detrimento exclusivo del audiovisual. El medio no es el problema, son sus profesionales, que en no pocas ocasiones compaginan sus tareas en prensa, radio y televisión, es la educación de los espectadores y la ausencia de responsabilidad por parte de quienes financian toda la fiesta. Aquí nadie se salva, todos somos responsables y todos podemos dar los pasos necesarios para cambiarlo, mostrar nuestro más absoluto rechazo es el primer paso, pero sin demonizar a la televisión, cuyo principal pecado es haber conseguido conquistar al ciudadano de una forma más masiva y menos reflexiva que otros medios.

Por último, como digo en el título de esta entrada, no olvidemos lo principal de la iniciativa, que solo se busca evitar el pago por hablar de los delitos, nunca coartar la libertad de expresión de nadie, un derecho que no debería depender del tamaño del cheque que nos pongan delante.