Estamos a punto de entrar en campaña electoral y, pese a que los partidos se pasan cuatro años haciendo electoralismo, dando mítines en horario de máxima audiencia y soltando perlas de presunta sabiduría siempre que tienen oportunidad, es este el momento de dar el arreón final para intentar movilizar a sus votantes y no perder el tren del poder, algo para lo que claramente necesitan un escaparate masivo como es la televisión.

En este caso, dado que nos enfrentamos a unas elecciones municipales y autonómicas, la presencia en medios de comunicación públicos se vuelve un asunto delicado, conocedores como somos todos de la implacable injerencia de la política en ellos, especialmente cuando se trata de televisiones e independientemente del color de los partidos que gobiernen en cada comunidad autónoma.

Sin embargo, hoy son las cadenas privadas las que están molestas con la intromisión del estado en sus negocios al enfrentarse a la primera campaña electoral en la que una ley las obliga a repartir el tiempo de antena que dedican a cada partido en liza de forma proporcional a la representación parlamentaria que ostentan, algo que no solo supone una imposición impropia de un gobierno hacia una cadena privada, sino que afecta a las líneas editoriales de cada uno y, sobre todo, como apuntan muchos de estos medios, redunda en el bipartidismo e impide que sobresalgan los actores menores (en representación, se entiende), ya de por si relegados en el reparto de financiación.

Se impone así la necesidad de comunicarse a través de otros medios, no solo la tradicional calle, sino también Internet, que ha permitido a muchos emitir su mensaje sin depender de terceros. Pese a ello, para tener relevancia como opción política, nada como salir en la televisión tradicional, avalado por las opiniones de los periodistas que entran en nuestras casas a diario, aunque sea para criticar a aquellos a los que pensamos votar.

No es únicamente un problema para los partidos pequeños, también lo es para las líneas editoriales de cada cadena, una líneas a las que tienen derecho y que, del mismo modo que ocurre con la prensa o la radio, lo importante es que seamos capaces de identificarlas y afrontarlas con el debido filtro. Sin embargo, con esta nueva ley, se pretende afectar a esta libertad de opinión, obligando a medir los tiempos dedicados a cada representante o posible representante, en una obligación absurda que únicamente complicará el trabajo de quienes, empeñados en favorecer a unos u otros, solo tienen que medir el tiempo de información positiva o negativa que otorgan a cada uno para acabar haciendo prácticamente lo mismo. En cuanto se den cuenta los políticos, lo siguiente que regularán serán los tiempos dedicados a hablar de inauguraciones, actos benéficos o peticiones de dimisión para así equilibrar la imagen que de unos y otros se da.

En cualquier caso, las principales cadenas privadas no están poniendo el grito en el cielo tanto como cabría esperar y además lo tienen sumamente fácil para presionar. Basta con que se nieguen un par de días a dar información política alguna (lo cierto es que, para la que dan, por mí la pueden eliminar) y ya veríamos lo rápido que los partidos, que necesitan de la televisión para lucirse o maltratar al contrario, se ponían las pilas.

Más información en estos dos artículos de El Mundo y El País.