No se me ocurre mejor manera de calificar a los responsables de la nueva ley de financiación de TVE que la UE acaba de poner en suspenso hasta que se determine si es o no legal (hay que recordar que algo parecido, si no lo mismo, ocurre con las nuevas subvenciones al cine español).

La noticia está en todos los medios ya, así que me limitaré a resumir los principales puntos:

* Se pone en duda la legalidad de crear un nuevo impuesto que grava a las empresas de telecomunicaciones y televisiones privadas con la finalidad de utilizar esos ingresos para financiar la televisión pública.

* Se recomienda al gobierno que no utilice esos ingresos mientras no se dirime su legalidad, porque podrían tener que devolverlo a las empresas gravadas.

* Se informa de que el gobierno español ha actuado siguiendo una política de hechos consumados, cuando este tipo de cuestiones deben ser sometidas a aprobación por la Unión, algo que no se ha hecho.